La Ley contra la Despoblación entra en vigor en 20 días

La Ley contra la Despoblación entra en vigor en 20 días

La nueva Ley es una norma participada, pionera, trasversal, y que incluye, por primera vez en nuestro país, la política fiscal para frenar la despoblación.

Esta norma, estructurada en siete títulos y 77 artículos, viene a garantizar el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha publica hoy la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en la región, que entrará en vigor en 20 días, pionera en nuestro país, y con la que el Ejecutivo autonómico marca el camino en la lucha para frenar la pérdida demográfica.

La nueva Ley, aprobada el pasado día 6 de mayo en las Cortes de Castilla-La Mancha, es una norma participada, pionera y trasversal, y que incluye, por primera vez en nuestro país, la política fiscal para frenar la despoblación.

Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas, se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación de hasta el 15 por ciento para la adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.

Además, el texto incorpora incentivos de hasta un 40 por ciento para las empresas que quieran instalarse en las zonas afectadas por la despoblación y la apuesta por el transporte sensible a la demanda.

Otra de las novedades que contempla esta Ley es una desgravación de 500 euros en la cuota íntegra del tramo autonómico del IRPF por el traslado de vivienda habitual por motivos labores a las zonas escasamente pobladas. Esa desgravación opera el año del traslado y al año siguiente por lo que, en global, asciende a los 1.000 euros.

Esta norma, estructurada en siete títulos y 77 artículos, viene a garantizar el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural, además de propiciar el desarrollo económico y social de nuestro medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, y con la que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere sentar las bases para que la ciudadanía pueda decidir dónde vivir.